Sentencia A. 1868/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1868/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos sobre sistema de seguridad social integral de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1868 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-5981

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Neiva (Huila) y el Juzgado 002 Administrativo de la misma ciudad

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el artículo 241.11 de la Constitución, dicta el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

      I.            ANTECEDENTES

 

1. La causa judicial. El 30 de julio de 2020, Luz Alba Andrade de Luna (en adelante, la demandante), a través de apoderada judicial, interpuso demanda ordinaria laboral en contra del municipio de Neiva, Huila (en adelante, el demandado o el municipio). La demandante solicitó la reliquidación de su pensión de vejez reconocida por el municipio mediante la Resolución núm. 282 del 28 de julio de 1998, pues consideró que no se está “teniendo en cuenta el inciso 4 del Art. 36 de la Ley 100 [de 1993]”[1]. Argumentó que el municipio no tuvo en cuenta “el promedio actualizado del tiempo que le faltaba a la trabajadora para adquirir el derecho que era menos de un año e incluir todos los factores sobre los cuales se realizaron descuentos para pensión, por lo que debió tener en cuenta la constancia expedida en donde se certificaron todos los factores actualizándolos y luego si proceder a realizar la correspondiente liquidación”[2].

 

2. La señora Andrade de Luna indicó que trabajó para el municipio de Neiva a través de sus empresas públicas municipales desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 30 de diciembre de 1994, “desempeñando el cargo de auxiliar administrativa, como servidora pública en la modalidad de trabajadora oficial con un contrato a término indefinido”[3]. Manifestó que, a través de la Resolución 282 del 28 de julio de 1998, se le reconoció la pensión de vejez, pero no se tuvo en cuenta que “es beneficiaria del régimen de transición traído por el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, y que al tenor de la constancia expedida el 26 de julio de 1996 por el Jefe de la División de Personal de las Empresas Públicas de Neiva, a la trabajadora se le venía aplicando el régimen para el servidor público de acuerdo a la Ley 6 de 1945 y la Ley 33 de 1985, por lo tanto la mesada pensional se liquida con el 75% del último sueldo devengado durante el año de 1994”[4]. Adicionalmente, señaló que el 17 de diciembre de 2017 radicó reclamación administrativa, pero esta fue respondida de forma desfavorable a través de la Resolución 222 del 4 de febrero de 2020.

 

3. Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. El 30 de julio de 2020[5], el expediente fue repartido al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Neiva que, a través de auto del 1 de octubre de 2020, devolvió la demanda para su subsanación[6]. Posteriormente, mediante auto de 8 de febrero de 2021, admitió la demanda[7]. El 8 de noviembre de 2022, el despacho resolvió tener por contestada la demanda, negó el llamamiento en garantía solicitado por el demandado, dio por resueltos los impulsos procesales interpuestos por la demandante y ordenó comunicar la existencia del proceso al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado[8].

 

4. El 30 de enero de 2024, el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Neiva declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de la misma ciudad. Para sustentar esta decisión, señaló que “se advierte que, al momento en que la actora causó su pensión de jubilación estaba vinculada al [m]unicipio de Neiva y delegada en la[s] Empresas Públicas de Neiva, ente territorial descentralizado considerado establecimiento público, por lo tanto, concurre el factor de la naturaleza de la accionada para establecer en la jurisdicción de lo contencioso administrativo [la competencia] para conocer de este asunto”[9].

 

5. Además, el despacho señaló que “[l]o anterior se refuerza con la concurrencia del factor de la calidad jurídica de la actora de servidora pública cuando causó la pensión, pues su vinculación a la administración es propia de una relación legal y reglamentaria dado que medió resolución de nombramiento y acta de posesión y conforme al cargo de Auxiliar I de Tesorería se coligen actividades ajenas a la construcción y sostenimiento de obras públicas”[10]. Apoyó esta postura en la sentencia con radicado 11001-03-25-000-2017-00910-00 del 28 de marzo del 2019, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A y en los autos 314 de 2021 y 402 de 2022 de la Corte Constitucional.

 

6. Actuaciones y postura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Repartido nuevamente el asunto, le correspondió al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Neiva[11]. El 25 de septiembre de 2024, ese despacho declaró su falta de jurisdicción, propuso conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional. Argumentó que “la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer del presente asunto, por ser de aquellos en los cuales se encuentran vinculadas personas que prestaron sus servicios a empresas de servicios públicos conformadas como empresas industriales y comerciales del Estado y que además tienen el carácter de trabajadores particulares, por lo que se encuentran sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en dicha Ley”[12]. Soportó su postura en los artículos 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA), 14 y 41 de la Ley 142 de 1994 y 5 del Decreto 3135 de 1968, así como en los autos 641 y 811 de 2022.

 

7. Actuaciones en la Corte Constitucional. El proceso fue remitido el 4 de octubre de 2024 a esta corporación[13]. El 22 de octubre de 2024[14], la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora, de acuerdo con el reparto efectuado el 18 de octubre anterior[15].

 

   II.            CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

8. La Corte es competente para resolver el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. Esto, de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución.

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

9. La Sala Plena debe resolver la controversia entre los juzgados 002 Laboral del Circuito de Neiva y 002 Administrativo del Circuito de la misma ciudad, respecto de la jurisdicción que debe conocer la demanda interpuesta por Luz Alba Andrade de Luna en contra del municipio de Neiva. Para ese efecto, en primer lugar, la Sala verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, si la Sala constata que este asunto cumple aquellos presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer de una solicitud relacionada con una reliquidación de pensión de vejez (II.4 infra). Finalmente, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento del proceso (II.5 infra).

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones

 

10. Presupuestos. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[16]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[17].

 

 

11. En el asunto de la referencia se configura un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Esto es así por las siguientes razones:

 

11.1. Satisface el presupuesto subjetivo. El conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales que pertenecen a distintas jurisdicciones. De un lado, el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Neiva, que integra la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. De otro, el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de la misma ciudad, que forma parte de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[21].

 

11.2. Cumple el presupuesto objetivo. Las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la demanda que pretende la reliquidación de una pensión de vejez, controversia que exige un trámite de naturaleza judicial.

 

11.3. El presupuesto normativo está acreditado. Ambas autoridades judiciales expusieron las razones legales y jurisprudenciales por las que consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (párr. 4, 5 y 6 supra).

 

4.     Competencia para conocer de las solicitudes relacionadas con reliquidaciones pensionales. Reiteración del Auto 314 de 2021

 

12. En el Auto 314 de 2021[22], la Corte Constitucional estableció la siguiente regla de decisión: “[…] la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer un proceso laboral promovido por un trabajador oficial para obtener una reliquidación pensional. Lo anterior, porque, si bien una persona de derecho público administra el régimen de seguridad social aplicable al demandante, éste no tuvo la calidad de empleado público al momento de causar la pensión. En esa medida, no se cumplen los requisitos exigidos por el numeral 4º del artículo 104 del CPACA, para efectos de asignar la competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

 

13. En el referido auto se precisó que, “si al momento de causar la pensión el demandante tuvo la calidad de empleado público, y si una persona de derecho público administra la del régimen de seguridad social que le aplica, la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberá conocer el asunto. En concreto, en las controversias en materia de seguridad social, la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se determina mediante dos factores concurrentes: la naturaleza jurídica de la entidad demandada y la calidad jurídica (determinada por la naturaleza del vínculo laboral y las funciones que desempeña) del sujeto que demanda”. Esto es así porque el numeral 4º del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los “conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”.

 

14. Adicionalmente, de un lado, el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 establece que “la jurisdicción ordinaria conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción”. Del otro, el artículo 2°, numeral 5º, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social señala que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, estudiará los casos relacionados con “[l]a ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”. Así, la jurisdicción ordinaria conoce las controversias relativas a “la seguridad social de un trabajador oficial cuya pensión es administrada por una entidad pública”[23].

 

15. De conformidad con lo anterior, en el Auto 314 de 2021, se estableció que “respecto de la competencia para resolver las controversias relacionadas con la seguridad social de los servidores del Estado, se prevén dos reglas. Una especial, que exige la acreditación de dos factores concurrentes para asignar el conocimiento del asunto a la jurisdicción [de lo] contencioso administrativ[o]. Estos son: la calidad de empleado público del demandante y que una persona de derecho público administre el régimen que le aplica. Asimismo, una residual según la cual, cuando la controversia involucra a un trabajador oficial, la competencia radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral”.

 

5.     Caso concreto

 

16. La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La Sala Plena considera que la solicitud de reliquidación pensional de vejez presentada por Luz Alba Andrade de Luna debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral. Esto, porque si bien una persona de derecho público administra el régimen de seguridad social de la demandante, esto es, el municipio de Neiva (Huila), la actora no tuvo la calidad de empleada pública al momento de causar la pensión.

 

17. En el expediente se observa que, prima facie, entre el 24 de marzo de 1976 y el 30 de diciembre de 1994, Luz Alba Andrade de Luna se desempeñó como trabajadora oficial, pues en esa calidad le fue adjudicada la pensión de vejez mediante la Resolución 282 del 23 de julio de 1996 del municipio de Neiva[24]. Asimismo, la demandada afirmó que el vínculo que tuvo con el municipio fue el de trabajadora oficial y así lo ratificó el municipio de Neiva en la contestación de su demanda[25]. Esta corporación observa que en la demanda no se cuestiona la calidad de trabajadora oficial de la demandante ni el reconocimiento de su derecho a la pensión con ocasión de tal vínculo, sino que la pretensión se circunscribe a la petición de reliquidación pensional para que sean tenidos en cuenta otros factores de liquidación, en todo caso, un examen de tal naturaleza le corresponde realizarlo al juez de conocimiento y no al juez que resuelve el conflicto de jurisdicción. En esa medida, el caso sub examine presenta los mismos supuestos de la regla de decisión adoptada en el Auto 314 de 2021.

 

18. Conclusión. Con fundamento en lo anterior, la Sala dirimirá el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones, en el sentido de declarar que corresponde al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Neiva conocer la demanda sub examine. Por lo tanto, ordenará remitir a ese despacho el expediente CJU-5981, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

 

 

III.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado entre los juzgados 002 Laboral del Circuito de Neiva y 002 Administrativo del Circuito de Neiva en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 002 Laboral del Circuito Neiva es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por Luz Alba Andrade de Luna en contra del municipio de Neiva.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5981 al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Neiva, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite, así como al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Neiva.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

---